Es aquella utilidad que obtiene un contribuyente en el ejercicio de una actividad económica y que resulta de un proceso de depuración legalmente establecido.

Está conformada por la renta bruta menos las deducciones que tengan causalidad con la actividad desarrollada por el contribuyente y cumplan con los demás requisitos legales.

Es la comunicación que envía la administración de impuestos al contribuyente para que éste informe, aclare o presente pruebas relativas a hechos suyos consignados en su declaración. Puede hacerse tantas veces considere necesario la administración.

Es la comunicación que envía la administración de impuestos a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes informándoles de los puntos que ésta pretenda modificar de una declaración. El requerido puede dentro de los tres meses siguientes formular las objeciones del caso, solicitar pruebas, etc., para su defensa.

Se genera cuando el valor del impuesto liquidado es menor a los descuentos tributarios por sumas retenidas o impuestos descontables.

Se genera cuando el valor del impuesto liquidado es mayor a los descuentos tributarios por sumas retenidas o impuestos descontables.

En materia impositiva, las sanciones son la pena pecuniaria que el Estado le impone a los contribuyentes, agentes retenedores o responsables que infringen las normas de impuestos.

Personas que por ley se encuentran obligadas a firmar las declaraciones tributarias.

Obligación pecuniaria que el Estado exige como contraprestación de un servicio que está directamente relacionado con el sujeto pasivo. (Pago por el disfrute de un bien o servicio del cual quien paga se beneficia de forma directa)

Son los aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado; dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes denominados recaudadores indirectos.
En Colombia, la obligación de tributar está dada en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Nacional, en la que se menciona que todos los colombianos deben “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”.